El trámite fue aparentemente agilísimo. Hace siete días y por medio de este diario, Daniel Posse, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, manifestó que el Poder Ejecutivo (PE) está legalmente facultado para moverse "a piacere" por la terna que le remite el órgano de selección de jueces y designar a cualquiera de los tres finalistas sin motivar la decisión. El martes pasado, el senador José Cano (UCR) pidió al CAM que rectifique el comentario de Posse, planteo que habría sido desestimado este viernes, según fuentes vinculadas a los consejeros.
En el debate de las autoridades del CAM habría triunfado la posición de que Posse opinó a título personal sobre la situación de Carlos Eduardo López, que integró seis ternas para cargos en el fuero penal y fue tantas veces vetado por el gobernador José Alperovich. Como consecuencia de esta media docena de rechazos y esgrimiendo que el PE debe justificar sus actos, López solicitó a la Justicia que suspenda cauterlamente y anule la designación de Diego Alejo López Ávila en la Fiscalía en lo Penal de la IV Nominación de esta Capital (este postulante salió segundo en el proceso que ganó el concursante frustrado). La acción de amparo recayó en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (tribunal integrado por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello), que aún tiene pendiente pronunciarse sobre la medida cautelar que requirió López.
El CAM también se habría inclinado por considerar que una eventual rectificación podría lesionar el derecho a la libertad de expresión de su presidente. En diálogo con LA GACETA y al término de la sesión del miércoles 23 de mayo, Posse expresó: "(el hecho de que López no sea elegido) en absoluto daña el prestigio del CAM porque nosotros no modificamos ni el orden de mérito ni nuestro accionar... Han pasado ya muchos concursos y no siempre el PE eligió al primero de la terna. Reitero que Alperovich está en su derecho y no tiene por qué explicar por qué se aparta del orden de mérito".
El senador Cano, sin embargo, piensa lo contrario y en el planteo que dedujo en el CAM interpretó que, según la Constitución de Tucumán, la terna y el dictamen que este órgano elabora son vinculantes para el gobernador. "Los dichos de Posse preocupan por su convencimiento sobre el alcance de una facultad legal que no es tal, la mansa aceptación de la infracción a una norma constitucional vigente, y la desautorización de los efectos y alcances del orden de mérito establecidos por el organismo que conduce y representa", añadió Cano, que también solicitó al CAM que exija al PE la justificación de sus decisiones respecto de los tercetos que le envíe en el futuro.
Pero sus razones no habrían logrado quebrar la cohesión interna vigente en el CAM desde la presidencia de Antonio Gandur (fue el primer titular del órgano). Ni siquiera el legislador radical Federico Romano Norri (es consejero por la minoría parlamentaria) habría respaldado a Cano en la reunión de trabajo -a puertas cerradas- celebrada este viernes con la presencia de Posse, el parlamentario mencionado; los legisladores oficialistas Carolina Vargas Aignasse y Ramón Jesús Graneros; la abogada América Nasif, y los magistrados Enzo Espasa y Augusto Ávila. El acuerdo surgido de esa cita sería notificado al senador durante la semana próxima en su despacho de la Cámara Alta.